No importa si hay o no ha diálogo con el Ministerio de Agricultura. Carlos Romero (ministro con Felipe González) se mostró reacio a las negociaciones; otros dejaron las puertas de sus despachos más abiertas, como Pedro Solbes (también con Felipe), Elena Espinosa (Zapatero) o Loyola de Palacio (Aznar), que llegó a ponerse al frente de una manifestación de defensa de los olivareros contra Bruselas. Pero la realidad es que las manifestaciones y las movilizaciones del campo en defensa de sus intereses y del territorio rural han sido una constante en el último medio siglo, desde las protestas de carácter regional a las grandes movilizaciones a nivel nacional.
Hoy como ayer, con ligeras diferencias coyunturales, el objetivo no ha cambiado: tener una actividad rentable. Para conseguirlo se han puesto en marcha un conjunto de medidas que se han ido modificando y adaptando a lo largo del tiempo en función de la evolución y las nuevas exigencias de los mercados, de las propias exigencias de las organizaciones agrarias para mantener sus posiciones y, fundamentalmente, a causa de los efectos del ingreso en la Unión Europea y del posterior impacto de la Política Agraria Común con todas sus consecuencias (fondos y nuevas exigencias). Demasiados años como para seguir hoy en el mismo punto de partida: defender una actividad viable y rentable con precios que, al menos, compensen los gastos de producción; que no inviten a los abandonos y cierres; que animen al relevo generacional. Todo ello en medio y a pesar de la burocracia comunitaria, del ajuste de fondos, de las importaciones masivas sin los debidos controles en volumen y sanitarios, de las exigencias medioambientales en su conjunto y del bienestar animal.
Las movilizaciones en el campo en el último medio siglo, prácticamente desde la muerte de Franco -por las dificultades anteriores para hacerlo-, tienen sus expresiones iniciales en los primeros años de la década de los setenta con protestas regionales y reivindicaciones ligadas a la situación de una zona y para un determinado producto. En esa línea se hallaban guerras como las guerras del pimiento, el maíz o el tomate en el Valle del Ebro, donde tenían ya una posición importante las Uniones de Agricultores y Ganaderos; o el conflicto con la leche en la Cornisa Cantábrica. A los pocos años de la muerte del dictador comenzaron a dar la cara en el campo las nuevas organizaciones agrarias, tratando de ocupar un espacio y una representatividad que hasta esas fechas había estado ocupados por las viejas Cámaras Agrarias.
En aquellas movilizaciones, por un lado, se consolidó el peso y el poder de las Uniones y en consecuencia de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), de la que años más tarde se fueron descolgando siglas importantes como la Unió de Pagesos o Navarra. Por otra parte, en base fundamentalmente a la presencia de sus miembros en el seno de las Cámaras Agrarias, se potenciaba y consolidaba ASAJA como la primera organización en el sector.
El inicio.
En las batallas de esos años por el despegue de una nueva representatividad en el campo, los primeros meses de 1977 fueron un periodo clave. Las movilizaciones se iniciaban en La Rioja desde la Unión de Agricultores a causa de los problemas de precios existentes con un producto: la patata. Recogiendo el malestar en el campo, culminaban con una generalización de las protestas en la mayor parte del territorio con más de 100.000 tractores en los arcenes de las carreteras reclamando, de entrada, diálogo; y, al mismo tiempo, el reconocimiento del protagonismo de la sigla -COAG- que había estado en el origen de las protestas a la hora de negociar.
En aquella primera gran movilización agraria, casi como única reclamación resumida en un lema, pero que encerraba todas las demandas, el sector reclamaba precios justos y el rechazo a los intermediarios. La demanda de precios justos por parte del sector para asegurar la rentabilidad de las explotaciones se puede decir que ha sido el eje dominante en las últimas décadas, aunque han ido variando los mecanismos y las medidas concretas en función de procesos importantes como el desmantelamiento de la política nacional basada muy especialmente en viejo Fondo de Ordenación y Regulación de la Producción y de los Precios Agrarios (FORPPA) y posteriormente en las exigencias de la Política Agraria Común de una forma progresiva desde 1986.
Con el FORPPA, el sector negociaba cada año unos precios justos que asegurasen su rentabilidad tras analizar los costes de producción previstos, así como una cláusula de revisión en el caso de que se superasen las previsiones de costes. Era la negociación de precios de cada año, que se prologaba durante días hasta altas horas de la madrugada en un ejercicio de imagen alimentado por el Gobierno, donde Jaime Lamo (ministro con Suárez) batía los récords de permanencia en Atocha.
Las negociaciones nacionales de los precios, con los mismos objetivos, fueron sustituidas por las celebradas en Bruselas desde 1986, que luego fueron eliminadas. A estas se sumaban también los mecanismos para la regulación de los mercados y las ayudas comunitarias que han representado y representan para algunas producciones una parte importante de sus ingresos.
Hoy el sector cuenta, en la parte positiva para su política de renta, con los apoyos directos comunitarios, aunque no llegan con la misma intensidad a todas las producciones; además funcionan algunos de los mecanismos proyectados para defender los mercados. En la cara negativa se hallan los ajustes en los fondos y muy especialmente la política de comercio exterior, donde no crecen las salidas mientras aumentan las importaciones masivas de productos que no han sido obtenidos con las misma exigencias medioambientales y de bienestar animal en su laboreo o crianza.
En este contexto, los precios justos que se reclamaban antaño y el rechazo a los intermediarios para defender sus rentas se concretan en la Ley de la Cadena, una suerte de catalizador de todas esas demandas frente al poder de la industria y, sobre todo, de la distribución en sus batallas para subir sus cuotas de mercado. Al final el mayor perjudicado en esa batalla para ganar consumidores resulta ser el agricultor o ganadero como primer eslabón de la cadena sin nadie, salvo la Ley de la Cadena -cuyo funcionamiento se cuestiona-, a quien acudir para repercutir sus costes.