El empresario Víctor de Aldama, "nexo corruptor" de una trama criminal, según la misma Guardia Civil que le condecoró por los servicios prestados, sostiene que ha hecho mucho por este país, mientras que el ex ministro Ábalos, señalado por aquel como receptor de "mordidas" a cambio de contratos con la Administración, lo describe como un impostor que, en vez de pruebas, aportó documentos falsos para echarle encima a la Justicia. Tras el paso del uno y del otro por el Tribunal Supremo, donde se sigue un procedimiento contra el diputado Ábalos, esa podría ser una buena síntesis del minuto y resultado de un culebrón judicial en el entorno del sanchismo que afecta al corazón del Estado. Nos dice el sentido común que si Víctor de Aldama aparece como "corruptor" de una trama es porque otros han sido "corrompidos". El problema es que él no quiere ser chivo expiatorio de quienes se dejaron corromper en su condición oficial de servidores públicos en distintos niveles de responsabilidad. Tan simple como eso. Tan simple como constatar que, por muy corruptor que sea Aldama, cuenta con el "yo sí te creo" de la opinión pública, que otorga veracidad a las deposiciones de Aldama. Sobre todo, cuando sostiene que su relación con el Gobierno iba más allá de Ábalos. Y contamos los demás con el auto de imputación firmado en noviembre por el juez Martínez Arrieta (Tribunal Supremo) en el que se apreciaban "indicios suficientes" de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, como supuestos delictivos del caso. El remate lo vemos en la reacción del Gobierno. Endosa el culebrón a una inconfesada connivencia del PP con los jueces para tumbar políticamente a Sánchez. Eso es insultar la inteligencia y de los españoles. Ningún pudor en semejante narrativa, aunque se desborde el sentido común hasta límites insospechados. En este punto se lleva la lama la número dos del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, cuando relaciona los problemas judiciales en el corazón del sanchismo con la atávica tendencia de la derecha a creer que "el poder le pertenece", "por razones de cuna, estatus y por riqueza". Una línea de pensamiento que ha dado lugar a la última barbaridad fabricada por los estrategas de la Moncloa. La que acusa a los jueces de no haber completado la Transición. Como si se hubieran quedado rezagados en el desenganche de la mentalidad franquista. Semejante barbaridad se amplifica si viene asociada en el tiempo a la campaña, anunciada para 2025, que va a consistir en celebrar la muerte de Franco y el fin de una dictadura, que son traumas felizmente superados por la sociedad española. Pero con su tardía reactivación Moncloa espera que se desvanezcan los problemas de mayor cuantía que amenazan la continuidad de Sánchez en el poder. No le arriendo la ganancia.