El sindicato CSIF salió a las calles este lunes para reivindicar la necesidad de reformar ciertos aspectos del empleo público con una protesta ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España. La reivindicación arranca por la situación de los trabajadores de Muface, la mutua de empleados públicos, que están a punto de cerrar un acuerdo sin las principales empresas del sector privado y siguió por las diferencias salariales en los empleados de la Administración General del Estado o la permanencia de los recortes de la era Cospedal en Castilla-La Mancha. Son actuaciones para «dignificar» la labor de los empleados públicos que han mostrado que son primordiales tras lo ocurrido en Valencia con la DANA, como explicó en la protesta la presidenta provincial de CSIF, Cristina Donate. 

Ella fue la encargada de exponer los motivos que han llevado a CSIF a salir a la calle señalando que, «con estas situaciones de emergencia, volvemos a ver que los empleados públicos son esenciales en su trabajo y necesarios para toda la sociedad», pese a estar en una situación de «abandono» por los gobernantes y «una paralización total» de las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. 

Por este motivo, el objetivo primordial de CSIF es abrir «todas las negociaciones» y que se incluyan aspectos como vincular la subida salarial al IPC, ante «pérdida de poder adquisitivo» de los funcionarios públicos, que acumula un 20% de pérdida desde 2010 en la región. Además, reivindican «el fin de los recortes en función pública en Castilla-La Mancha», recortes que «Cospedal instauró y el presidente actual los sigue manteniendo».

Por otra parte apuntaron a una mutualidad que está «muy debilitada» porque «no se quiere financiar de manera adecuada y eso repercute en la asistencia sanitaria» de los funcionarios. «Puede suponer una sobrecarga para nuestro sistema nacional de salud», indicaron desde el sindicato.
Por último reclamaron «igual trabajo, igual salario», porque muchos «empleados públicos de distintas administraciones, tienen un salario mayor que los trabajadores de la Administración General del Estado».