La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia la infradeclaración de los casos de cáncer laboral en España y reclama una mayor vigilancia de la salud para la detección precoz en las empresas e investigación de agentes cancerígenos en el trabajo.

En España, el cáncer es la segunda causa de morbi-mortalidad, ya que suponen el 25,2% de los fallecimientos (113.662). El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2023 se estima que ha alcanzado los 279.260 casos, según los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), lo que supone una estabilización respecto a la cifra aportada (280.100) por Sociedad Española de Oncología Médica para 2022. El 35,26% de los casos diagnosticados de cáncer se han originado en edad de trabajar (en la franja de edad 45 a 64 años).

En Europa, el cáncer es la primera causa de muerte en el trabajo. Es una enfermedad multicausal y, por eso, es difícil determinar su origen. Pero se calcula que el 30% de todos los cánceres tienen un origen laboral. Sin embargo, España es de los países que menos notifica y reconoce los casos de cáncer de origen laboral, con un porcentaje actual del 0,03%, mientras que en Europa se sitúan entre un 5 y un 10%. Según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales Cepross en 2023, en España se comunicaron apenas 94 partes de enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos (grupo 6), y entre ellos sólo dos en Castilla-La Mancha.

Esto supone que sólo el 0,36 % del total de enfermedades profesionales (25.878) y solo 27 partes fueron comunicados con baja. El porcentaje es incluso más bajo en Castilla-La Mancha, un 0,31% del total de enfermedades profesionales (628).

Si comparamos las cifras de 2022, que fueron 104 partes, ha habido un ligero descenso de las comunicaciones, algo que desde CSIF nos hace sospechar que haya empeorado la infradeclaración de enfermedades profesionales con estos datos insignificantes.

Esta infradeclaración de casos de cáncer laboral supone un elevado coste para los afectados, ya que no reciben la prestación por enfermedad profesional, no son indemnizados y repercute a su vez en la Seguridad social y en el Sistema nacional sanitario. Se estima que el coste directo anual asociado al tratamiento del cáncer laboral asciende a cientos de millones de euros. Por tanto, invertir en prevención es más favorable que invertir en tratamientos. Las mutuas no asumen la responsabilidad, se ahorran los costes y dificultan el reconocimiento de la patología como contingencia profesional.

En este sentido, CSIF se congratula de que el Gobierno haya incluido en la Estrategia de Seguridad y Salud en el trabajo 2023-2027 la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer Laboral, como llevamos años exigiendo desde nuestra organización sindical, pero también es preciso adecuar medidas en los centros de trabajo y las mutuas, así como hacer frente a la desinformación que sufren los profesionales que manejan agentes cancerígenos.

"El sistema de notificación no funciona porque no se notifican todos los casos que surgen, existe un gran desconocimiento de la población respecto a cómo las condiciones ambientales de su trabajo pueden haber detonado el cáncer, por lo que no se analiza ni investiga", indicó el sindicato en un comunicado de prensa.