El Gobierno ha anunciado este lunes que se bonificará con un mínimo de 20 céntimos la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y el resto, las petroleras.
La medida se toma como respuesta a la fuerte subida del precio de los carburantes y estará en vigor hasta el 30 de junio, según ha destacado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su intervención en un foro organizado por Europa Press y McKinsey & Company en Madrid.
Sánchez ha precisado que en la parte correspondiente a las petroleras se establece un mínimo de 5 céntimos, pero la cantidad puede ser superior, y en este sentido ha recordado que algunas operadoras ya están aplicando "rebajas superiores".
Imagen de archivo de una gasolinera. - Foto: EFE/David Arquimbau"Agradezco su compromiso con el país. La subida en el precio de los combustibles afecta a todas las familias, no solo a determinados sectores", ha insistido.
Medidas para el transporte
El presidente ha querido poner en valor el reciente acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para tratar de frenar el paro del sector, aunque las medidas no han convencido a la plataforma de transportistas que inició las protestas.
Pese a que los paros continúan, el Gobierno ha decidido impulsar el plan acordado con los principales representantes del sector, que supone la inyección de más de 1.000 millones de euros. Además, el sector del transporte se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible.
También el Ejecutivo aprobará un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.
Además, se acorta de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre Hidrocarburos y se mantiene el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, como el Gobierno ha hecho con agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.