Numerosas administraciones públicas están comenzando a desarrollar estrategias para prevenir la adicción a los juegos de apuestas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha unido a la lista aprobando un decreto por el que se suspende la concesión de nuevas autorizaciones de instalación de establecimientos de juegos durante los próximos cuatro años, con el objetivo de reducir la densidad de este tipo de locales en la región, que es superior a la media española.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, compareció este martes en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y explicó que, aun siendo una actividad legal, se busca mitigar los efectos de ludopatía que pueden generar, para lo que se va a reducir progresivamente el número de establecimientos de juego en Castilla-La Mancha hasta situarlo en la media del país.

Los últimos datos publicados a este respecto, a 31 de diciembre de 2022, señalan que en Castilla-La Mancha había autorizados 191 establecimientos de juegos, lo que supone una densidad de 9,30 locales por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de España es de 7,87 establecimientos.

Desde el año 2018, indicó el consejero, se ha conseguido una reducción del número de establecimientos de juegos en la región del 14,5%, lo que supone haber pasado de 221 locales en 2018 a 189 en 2023.

Ruiz Molina señaló que esta suspensión de las nuevas autorizaciones de juegos se suma al resto de medidas que se contemplan en la Ley de régimen administrativo y fiscal de juegos aprobada en 2021 con el único objetivo de «reducir los efectos negativos que la actividad de juegos lleva consigo».

Entre otras medidas contempladas en la ley, recordó la obligación de guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los centros de enseñanza o de 150 metros entre establecimientos; o la potestad de los ayuntamientos para declarar, dentro de su término municipal, zonas saturadas de locales de juegos.

Por otra parte, el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno se refiere a las máquinas tragaperras y limita a 100 el número de nuevas autorizaciones de explotación para cada uno de los cuatro próximos años. Explicó que, en este caso, también se ha registrado desde 2018 una reducción del 13,8% en el número de tragaperras al pasar de 8.569 máquinas entonces a 7.389 en 2023.

Respecto a los juegos y apuestas online, recordó que se trata de una competencia que corresponde al Estado, si bien reconoció que «son más difíciles de controlar».