La pena me invade y la tristeza se apodera de mí. Desde que Feijóo anunció que se va a cargar el Ministerio de Igualdad cuando llegue a Moncloa, no pego ojo. Pienso en mi madre, en todas las mujeres de su generación y en muchas de las que vinieron después. Sólo han podido sentirse mujeres libres y liberadas desde que Irene Montero y su troupe llegaron al Gobierno. ¿Qué va a ser de todas ellas sin Ángela Rodríguez Pam -activista del club de la comedia-, sin Isa Serra, asesora para todo y condenada por pegar a policías, o sin Boti García, a la que crearon un puesto nuevo de directora general de Diversidad Sexual y LGTBI? La última, en realidad, se llama 93.406 euros al año y, si sumamos las cuatro, 362.000 euros, que vista su preparación y experiencia es una cantidad a todas luces insuficiente. Pedro Sánchez: jamás te perdonaremos no haberles puesto un sueldo justo y acorde a sus méritos. 
Me preocupa también qué va a ser de Lucía, víctima de una agresión sexual -en realidad, una violación- en el hospital de Guadalajara. ¿Cómo va a poder afrontar la vida esa joven y su familia sin el ministerio encargado de defender a las mujeres? Es cierto que en ningún momento se han interesado por ella, ni para apoyarle durante el calvario que todo proceso judicial supone para una agredida, ni para ofrecerle ayuda legal, psicológica o incluso económica para afrontar los costes del procedimiento. Es verdad también que su silencio avala la actitud mezquina del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que no se personó en la causa y que durante el juicio se puso de perfil cuestionando la credibilidad de la víctima. ¿No será que el 'hermana, yo sí te creo' sólo sirve cuando conviene a los intereses mediáticos y políticos? Seguro que ha sido un error involuntario. Se les ha pasado sin más y, aunque no se hayan puesto en contacto con la familia, nos queda el convencimiento de que tienen a Lucía entre sus oraciones paganas. 
Las Montero, Pam, Isa Serra, Boti García o Vicky Rosell han estado tan desaparecidas desde que se conoció la sentencia como el diputado del PSOE por la provincia de Guadalajara, Aurelio Zapata. Cuando ocurrieron los hechos, en julio de 2020, era el director de gestión del hospital. A pesar de que conoció la violación cometida por un celador del centro escasos días después de que Lucía se atreviera a contarlo, su nula actuación y diligencia le persiguen. Podía haber denunciado y no lo hizo. Debía haber iniciado el proceso para suspender de empleo y sueldo de forma inmediata al celador y se limitó a cambiarle de planta. Y la familia de Lucía le solicitó ayuda personalmente y se han sentido tan desamparados como traicionados. ¿Por qué si Zapata actuó correctamente el PSOE le ha mantenido apartado de la campaña electoral de las pasadas municipales y autonómicas? En un hecho insólito, un parlamentario nacional es excluido de mítines y de cualquier acto en el que se pedía el voto para su partido. Esta semana, el diputado del PSOE ha salido de la cueva y se ha dejado fotografiar junto a sus compañeros de partido en la presentación de una escuela internacional de baloncesto impulsada por la NBA. Zapata ha sido entrenador de basket y eso le ha servido para forzar ante los suyos su presencia en esa puesta de largo. Seguro que las mujeres socialistas que coincidieron el miércoles con él, se acercaron para recriminarle su actitud o al menos para preguntarle. Conozco a más de una que, en privado, critican cómo gestionó la agresión sexual, pero en público no se atreven, lo que confirma la hipocresía de la política. Todavía están a tiempo. Si el celador condenado por la Audiencia Provincial de Guadalajara decide recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tienen una segunda oportunidad para acercarse a Lucía y decirle: Hermana, yo sí te creo, además de pedirle perdón por haber mirado hacia otro lado.