La comunidad gitana de Ciudad Real pone el acento en tres aspectos que se ven perjudicados por condición de su etnia, como es el acceso a tiendas, a la vivienda y a un empleo. Tres elementos que se incluyen en el documento de discriminación y antigitanismo, que cada otoño publica la Fundación Secretariado Gitano, y que desde la capital señalan como claves para esta población.
«Es realmente preocupante que estos casos se sigan dando en un estado constitucional, en un siglo tan reivindicativo como es el que vivimos en la actualidad, donde la sociedad abandera luchas igual de justas que la erradicación del antigitanismo», señaló Sandra Montoya, técnica de igualdad y lucha contra la discriminación de la Fundación en Ciudad Real. Para ella hay una peculiaridad en la discriminación hacia las minorías y en concreto hacia la comunidad gitana, que es «la minoría más grande asentada en Europa» pero también es la más discriminada, según estadísticas. Con todo, pese a este balance, la organización recuerda que en 2022 hubo un descenso de casos a nivel nacional, 554, un avance positivo, al que suma «sesiones de sensibilización en las que la comunidad gitana pueda conocer cuáles son sus derechos y que hacer ante un caso de discriminación», que van logrando un mayor reconocimiento con el tiempo de las personas gitanas.
Ciudad Real aparece con su nombre solo una vez en el documento sobre antigitanismo. En concreto, para hablar de uno de los aspectos que más preocupa como es la hipervigilancia en centros y tiendas. «Se persigue de manera inmediata a cualquier persona gitana» y esto lleva a que haya un gran porcentaje de personas gitanas que no van a realizar compras o salidas de ocio sin tener el miedo y la preocupación de ser perseguidas o discriminadas. Se trata de aspectos que atentan contra los derechos a la imagen y la dignidad y que son ilegales, recuerda la asociación.
En el caso de la capital, fue una joven gitana que «se sintió acosada en una tienda por el vigilante de seguridad, porque desde que entró en la tienda empezó a perseguirla». Cuando esta le preguntó los motivos, le pidieron que se fuera de la tienda y luego, señala la Fundación, no se le informó de sus derechos al denunciar un trato discriminatorio ante las fuerzas de seguridad. Desde la entidad «se le aconsejó interponer una queja al establecimiento», pero la mujer decidió «no llevar a cabo ninguna actuación, porque pensaba que no se iba a conseguir nada», una de las actitudes que se busca cambiar con los cursos que realiza la Fundación.
Como segundo aspecto que preocupa a la entidad está la imposibilidad de acceder a un alquiler. Los jóvenes, las familias o parejas no pueden acceder a una vivienda en igualdad de condiciones que el resto, ya que, «a pesar de cumplir requisitos», a la hora de visitar la vivienda y comprobar que los futuros arrendatarios son personas gitanas de manera inmediata se finaliza el proceso. «Surgen excusas como hay otra persona que quiere ver el piso, ya está alquilado o tengo que pensarlo cuando arranca este proceso».
Por último, comentan la dificultad de encontrar un empleo regulado y estable. «Los testimonios más continuos son que al ver apellidos asociados a posibles personas gitanas en el currículum o a la hora de realizar la entrevista de trabajo, a pesar de cumplir todas las condiciones requeridas, finaliza el proceso de selección sin ni siquiera ser informados de no ser seleccionados», concluye Secretariado.