Bienvenido al club, Sr. Francisco Galindo. Después de negociar con guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de facilitar desde ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) la acogida de damnificados por guerras y dictaduras, el papel de verificador y de mediador entre un prófugo de la justicia (Carles Puigdemont) y los representantes del PSOE, un partido político constitucional con más de 140 años de historia, le parecerá cosa de niños. En El Salvador – país al que un ministro del PP, de nombre Federico Trillo, confundió con Honduras – estarán celebrando que un ilustre compatriota consiga pacificar Cataluña y devolver a los españoles la convivencia perdida (Sánchez dixit).
No sé si le habrán explicado bien, Sr. Galindo, que estamos ante un fenómeno complejo. Como abogado y diplomático que es, no le costará demasiado comprender que, en el fondo, se trata de comprar el poder a cambio de la impunidad. La amnistía no estaba en la agenda del candidato socialista, ahora presidente del Gobierno, pero hay que «hacer de la necesidad virtud». En definitiva, que la necesidad obliga.
Espero que alguien le haya aclarado también, Sr. Galindo, que los dos partidos que negocian la aplicación de una amnistía y el posterior reconocimiento de Cataluña como nación – luego habrá otra negociación con un tercero, ERC, pero el verificador será otro distinto – tienen voz y voto en el parlamento español.
Lo digo porque algunos ciudadanos españoles – probablemente por la «obligada discreción» con la que está trabajando nuestro Gobierno – olvidan las razones que obligan a que las reuniones se celebren en Ginebra y no en Madrid o Barcelona. No estaría de más explicarles que el interlocutor principal en esta negociación reside en Waterloo (Bélgica), tiene pendientes cuentas con la justicia (España) y podría ser detenido al cruzar los pirineos (Francia).
A la hora de verificar, tenga muy en cuenta el enorme interés de Pedro Sánchez a la hora de solucionar este conflicto entre Cataluña – que como también sabrá usted forma parte de España – y el Estado español, pues de ello depende su continuidad o no en la Moncloa. Pese a que más de la mitad de los españoles, según todas las encuestas, se muestran contrarios a la aprobación de una ley de amnistía que haga borrón y cuenta nueva del golpe del 1 de octubre de 2017, el objetivo de la convivencia prevalece sobre cualquier otra consideración. Si se ha recurrido a sus servicios, Sr. Galindo, es porque Puigdemont no se fía del Gobierno central y porque en España no somos muy dados a ponernos de acuerdo entre nosotros.
Viniendo de donde viene, Sr. Galindo - de un país con más de 60.000 personas en las cárceles, la mayoría de ellas delincuentes juveniles -, esta nueva tarea se me antoja que es un premio merecido. Quizá le sorprenda que puedan pasar estas estas cosas en una democracia europea, con elecciones libres y con un Estado de derecho que respeta las diferentes culturas y singularidades de comunidades históricas, como el País Vasco, Cataluña o Galicia. Pero es lo que hay.  
Mucho éxito en su actual cometido. Cordiales saludos. 
P.D.- Emiliano García-Page ha confesado en La Sexta que, si hubiera tenido acta de diputado en el Congreso, habría renunciado a ella para no votar a Sánchez. ¿A nadie de los suyos se le pasó esta idea por la cabeza?