Este martes es el día D para intentar salvar a Muface. Se sientan en la misma mesa el Gobierno y las principales aseguradoras que colaboran en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el organismo público en España que gestiona la asistencia sanitaria y prestaciones sociales de los funcionarios civiles del Estado, más de 3.800 en la provincia, y sus familiares, además de los docentes. En Ciudad Real, durante 2023, el último año sobre el que existe información, más de 17.300 personas se beneficiaron de una asistencia sanitaria en la provincia que se presta mediante entidades de seguros privadas concertadas con Muface desde 1975. Al menos, hasta ahora.

DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas exigen subidas de primas por encima del 14% para renovar el concierto y desbloquear la negociación del convenio para 2025 y 2026. Una situación que en la parte sindical ha elevado el grado de preocupación «por una falta de acuerdo que deja en el aire la asistencia sanitaria que reciben más de un millón y medio de personas y sus familias» en toda España. Así lo asegura el sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas. Su presidente regional en Castilla-La Mancha, el ciudadrealeño Lorenzo Domínguez, exige una financiación «adecuada» para garantizar la calidad sanitaria que se presta a través del Muface. Según Domínguez, «los funcionarios tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública a través de un modelo eficaz y rentable, como se ha comprobado durante años y que no ha parado de sufrir recortes»,  a la vez que reclama «una mayor estabilidad del mutualismo administrativo».

En el caso de la provincia, a lo largo del pasado año, el gasto por la prestación farmacéutica del Muface se elevó por encima de los cuatro millones de euros, con un gasto por persona superior a los 230 euros al año. Se extendieron más de 360.000 recetas con un gasto medio de 11 euros. 

«No vamos a dejar que Muface muera por inanición. Hemos pedido una reunión urgente al ministro para que nos dé garantías, de lo contrario, saldremos a la calle con toda contundencia», avanza Domínguez a la espera del resultado que pueda salir de la reunión de este martes y del que depende la atención sanitaria de más de 69.000 personas en toda Castilla-La Mancha, con un gasto de más de 15 millones de euros.