Una deuda de poco más de mil euros fue el desencadenante para que una mujer ciudadrealeña, Marta C. H., asesinara, quemara y descuartizara a la presidenta de su comunidad de vecinos después de que esta descubriera que había intentado eludir esa deuda presentando dos justificantes bancarios falsos. Sucedió en Madrid en 2023 y ahora la Audiencia Provincial madrileña la ha condenado a 22 años de cárcel.
Un jurado popular la declaraba culpable de los delitos de asesinato, profanación de cadáver y falsedad documental, y ahora ya conoce su condena. Está en prisión desde el día de su detención, el 1 de marzo de 2023, y seguirá privada de libertad durante un largo periodo de tiempo más.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso La Tribuna, se dan como hechos probados que en febrero de 2023, la acusada, ante la reclamación del pago de unas deudas relacionadas con el alquiler de una vivienda, comunicó a la propietaria haber procedido al pago, aportando para ello dos recibos que aparentaban ser librados por una entidad bancaria, con los que pretendía justificar el pago por transferencia de 500 y 545 euros. Dichos recibos eran falsos y nunca se produjeron los ingresos en la cuenta corriente de la que era titular la comunidad de propietarios.
Al ser descubierta, Marta C. H. entendió que la responsable de haberla puesto en esa situación era la presidenta de la comunidad de vecinos, por lo que «decidió dar muerte a ésta con la idea de que nadie volviera a reclamar los pagos ni tener responsabilidad alguna por los justificantes de pagos falsificados y sortear el riesgo de ser descubierta», según reza la sentencia de la Audiencia de Madrid.
El día 27 de febrero de 2023, la acusada, con el propósito de acabar con la vida de su víctima y deshacerse de su cadáver, accedió a ese inmueble portando una maleta de grandes dimensiones en donde tenía intención de introducirla una vez la hubiera matado. Acto seguido, la acusada accedió a la vivienda donde residía la presidenta y después la condujo al piso donde la acusada había estado residiendo hasta fechas inmediatas, causándole intencionadamente la muerte. Tenía 68 años.
A continuación, después de haber realizado una limpieza de la vivienda a fin de eliminar los restos de sangre, introdujo el cadáver en la maleta, la colocó en el maletero de su vehículo y la trasladó a la población de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). Allí se dirigió hasta una parcela, donde incineró la maleta con el cuerpo, juntando maderas y gasolina para acelerar la combustión, consiguiendo así hacer desaparecer casi íntegramente el cadáver, quedando muy escasos restos de vísceras y óseos, completamente carbonizados. Posteriormente, introdujo los restos que quedaron en sacos y los trasladó hasta el vertedero de esa localidad toledana, donde sometió los restos a una nueva acción del fuego y procedió a machacar los huesos largos que no se habían carbonizado hasta reducirlos a polvo o fragmentos diminutos, abandonando los restos cadavéricos en una escombrera.
La ciudadrealeña lo confesaba todo desde las primeras actuaciones policiales e indicaba el lugar exacto donde había dejado los restos. También deberá abonar una multa de 1.350 euros, así como una indemnización de 70.000 euros para a cada uno de los tres hermanos de la víctima.