Las cinco personas de Tomelloso condenadas en 2021 por el Juzgado de lo Penal 3 de Ciudad Real a penas de hasta dos años y cuatro meses de cárcel, además de millonarias multas económicas por pertenencia a una trama que comercializaba de manera ilegal alcohol han sido absueltas por la Audiencia Provincial tras recurrir las partes en primera instancia, según la sentencia a la que ha tenido acceso La Tribuna. Es un giro de 180 grados a un caso que se ha alargado en el tiempo de un modo extraordinario, puesto que los hechos juzgados datan de finales del siglo pasado, de 1998. Casi cinco lustros en los que los acusados han sufrido un verdadero «calvario», con un importante daño tanto a sus situaciones patrimoniales como personales, según denuncia uno de los afectados, Juan Carlos Cepeda, hablando en nombre de los cinco. Por ello, su intención es emprender acciones legales contra la Justicia por haber sido víctimas de un procedimiento judicial en el que, como denuncian, no se hicieron bien las cosas.

Los afectados recalcan que la sentencia de la Audiencia no les absuelve por falta de pruebas condenatorias, sino porque «anula todos los fundamentos de derecho» en los que se basó la magistrada del Juzgado de lo Penal 3, a quien además critican que dictara «medidas cautelares muy severas» durante todos los años que duró en procedimiento, lo que provocó el cierre de algunas de las empresas de los acusados. «Fueron más de 23 años que te deshacen la vida», asegura Cepeda, quien, además de tener que pasar alguna noche en prisión tras ser detenido, ha tenido que presentarse en sede judicial dos veces al mes a firmar durante todos estos años que ha estado en libertad provisional. Tanto él como el resto de los acusados, vinculados todos a empresas de transporte, han tenido también sus cuentas y propiedades pendientes de embargo, hasta que finalmente han conocido con alivio su absolución definitiva.

Declarados culpables.

Los ahora absueltos fueron declarados culpables en 2021 de delitos contra la hacienda pública, uno por defraudación del IVA y otro por fraude en el impuesto del alcohol correspondiente al año 1998, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La juez declaraba probado que durante el año 1998 la entidad italiana Caviro Sociedad Cooperativa, autorizada para comercializar alcohol de melaza para uso de boca, vendió numerosas partidas, hasta un total de 3.370.408 litros de alcohol supuestamente destinados a una empresa portuguesa, sin que en realidad llegaran al país luso. En total fueron 46 expediciones de alcohol, de las que sólo cuatro llegaron a Portugal. El resto de las expediciones se descargaron en territorio español.

Como explicaba a este periódico José Enrique Rodríguez, abogado de dos de los condenados, finalmente la Audiencia les ha dado la razón al declarar la «falta de competencia de la Agencia Tributaria española» en un caso que ya fue juzgado en Italia, de donde era la empresa que ordenaba el traslado y destino final de las partidas de alcohol. «Es como si se condenara a un repartidor de Amazon porque la empresa originaria de la mercancía no pagaba los impuestos correspondientes», ponía como ejemplo Rodríguez, que junto a su compañero Ángel Benito han sido los dos abogados que han llegado hasta el final con una causa que ha durado «más de 20 años de auténtica locura».

En concreto, Vicente Q. C., Juan Carlos C. y Luis B. M. fueron condenados a una pena de dos años y cuatro meses de prisión y al abono de multas de 9,4, 8 y 2,8 millones de euros, respectivamente. Además, Fernando A. P. y Juan Ignacio D. P. eran condenados a diez meses de prisión y sanciones de 2,8 millones y 700.000 euros. «Pedían para ellos penas de cárcel y unas indemnizaciones millonarias, una barbaridad que les habría llevado a prisión», advertía José Enrique Rodríguez.