Los diputados populares por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han promovido iniciativas parlamentarias para solicitar datos sobre la posible apertura de un centro de atención a inmigrantes en terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, y han reclamado al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez la "fecha de posible apertura de las instalaciones, número de plazas o capacidad total que albergaría el nuevo centro (diferenciando entre aquellas plazas destinadas a migrantes adultos y menores de edad), coste aproximado para llevar a cabo la apertura del centro, coste aproximado de prestación de servicios del centro, desglosando la previsión de los gastos fijos y variables y las características sobre las instalaciones del centro y sus recursos residenciales". Al mismo tiempo, los parlamentarios ciudadraeleños también reclaman saber los estudios y análisis de idoneidad "sobre el mencionado proyecto, comunicaciones sobre los detalles de la posible apertura de un CEAD en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real entre los ministerios y direcciones generales implicados con las administraciones autonómicas y locales correspondientes, comunicación sobre el consentimiento de las administraciones afectadas, documento remitido desde la Secretaría de Estado de Migraciones a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha sobre la situación actual del proyecto, el procedimiento de apertura y requerimiento de autorizaciones, estudio sobre las condiciones humanitarias para la atención de personas inmigrantes, licencias concedidas por el ayuntamiento para llevar a cabo las obras o movimientos de tierra que se consideren y, en su caso, el documento que acredite la aprobación urbanística del proyecto, y finalmente acuerdo entre el Gobierno de España y la empresa propietaria del aeropuerto, CRIA, para el uso de sus instalaciones".
A esa demanda de información, los populares añaden cuestiones genéricas sobre si está considerando el Gobierno "el traslado de personas migrantes irregulares al aeropuerto de Ciudad Real, si entiende el Gobierno que una infraestructura aeroportuaria privada "es un lugar idóneo para instalar un campamento de personas migrantes", o si existe alguna empresa pública dependiente del SEPI o con capital estatal mayoritario, colaborando en el proyecto destinado a implantar un centro de personas inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Ciudad Real, entre otras cuestiones.
A través de un comunicado, los diputados Fúnez y Belda indican que "la única información fehaciente que han recibido sobre una posible colaboración de la circunscripción de Ciudad Real en los planes de ayuda a las comunidades más afectadas por la llegada masiva de personas migrantes" es de fecha del 24 de septiembre, cuando en una pregunta planteada al Ejecutivo cuestionaban sobre la previsión de implantar una instalación como la que se admite en los medios de comunicación promover en el aeropuerto de Ciudad Real y el grado de conocimiento al respecto de otras administraciones. Entonces, el Gobierno respondió el pasado mes: "(…) se informa de lo siguiente: Sobre la instalación de nuevos centros propios de instancia temporal, la previsión es abrir catorce nuevos centros entre la península y Canarias. Se espera que la apertura de los nuevos centros propios de estancia temporal, cumpliendo con el termino de que estén finalizadas las obras, sea antes del 1 de julio de 2026. La decisión ha sido tomada con el consentimiento de las administraciones afectadas".
Así, dicen que con independencia de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "se rasgue las vestiduras por la posible instalación de uno de estos centros en el citado aeropuerto (el día 15 de octubre de 2024, en el debate sobre el estado de Castilla-La Mancha, tras filtrar la noticia el día antes y aprovechar así un argumento clave en su lucha de poder, -interna, de partido- con el presidente del Gobierno de España), queda acreditado que la administración regional conocía el asunto al menos un mes antes de lo que afirman en medios de comunicación por la comunicación ministerial que hemos transcrito. En caso contrario, se habría mentido al Congreso".
Para concluir, los diputados indican que "nos encontramos con un problema de doble vertiente. La primera, la más importante, es el riesgo de tratamientos inhumanos y degradantes que se pretende ofrecer a personas destinadas a ser alojadas en barracones e instalaciones provisionales situadas en una infraestructura aeroportuaria que, para más peligro del régimen de garantías personales, es propiedad de unos particulares y no recibirá el beneficio de vigilancia y responsabilidad propios de los espacios de titularidad pública". La segunda, aseveran Fúnez y Belda, es de índole socioeconómica, "ya que se aplica esta nefasta medida sobre una zona geográfica cuya promoción laboral y cuyas perspectivas de crecimiento dependen de que se revierta la dinámica de abandono de esta megaestructura, cuyo uso para estas finalidades no solo retrasa, sino que condena un futuro de explotación exitosa a corto y medio plazo dentro de las finalidades para las que fue promovida y ejecutada (con una notable colaboración pública en distintos momentos de su proceso de desarrollo)".