El agua enfrenta a Manzanares y Membrilla. Ambas localidades firmaron en 1982  un convenio para solventar el problema de abastecimiento que   arrastraban desde la década de los setenta. Los dos ayuntamientos dieron el visto bueno al proyecto redactado por la Diputación para abastecer a ambas poblaciones y por el que las dos localidades comenzaron a compartir la misma red de abastecimiento. Desde entonces, Manzanares, recuerda su alcalde, Julián Nieva, abastece «históricamente de manera generosa» a la localidad vecina.

El agua que se emplea en Manzanares y en Membrilla recorre más de ocho kilómetros desde los pozos de extracción Los Romeros, en el término de Manzanares, hasta los depósitos del Pocillo de San Máximo, donde se potabiliza para consumo humano. Desde allí, a través de varias tuberías, se divide en dos ramales, uno hacia Manzanares y el otro hacia Membrilla, que paga a su localidad vecina por ese suministro en alta. La Sociedad de Agua de Manzanares se municipalizó con Miguel Ángel Pozas como alcalde, y el agua potable pasó a depender directamente del Consistorio manzanareño. Membrilla tuvo la oportunidad de comprar acciones en esa sociedad, pero no lo hizo, por lo que desde ese momento se convirtió en un usuario más «debiendo abonar las tarifas que aprueba la empresa, encargándose de los gastos a partir de la toma de agua a la salida del depósito de Máximo». Es uno los datos del blog Un paseo por la isla verde, del autor Enrique Jiménez Villalta, donde, en base a la información de la hemeroteca y el Archivo Municipal, publica que «en Pleno se acordaron los puntos básicos que debe contener el contrato con la sociedad de aguas de Manzanares, todos ellos en base a la proporción del 80% Manzanares y el 20% Membrilla para los gastos y suministros».

Pero la batalla llegó cuando Manzanares aprobó en 2020 una nueva ordenanza reguladora de la tasa, lo que llevó a que la localidad vecina dejara de abonar el agua al considerar «que no cumplía con el convenio de 1982 y no se ajustaba el precio de manera correcta». «En lugar de establecer el precio con los costes de extracción, conducción y depuración, se introdujeron algunos costes más y a Membrilla no le salían las cuentas», señala el alcalde de Membrilla, Jorge Navas. El caso de impago se llevó a los tribunales y una sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha reiteró en 2022, que el Consistorio membrillato debía satisfacer una deuda de unos dos millones de euros a Manzanares por el suministro de agua, entre el importe de lo no facturado, lo sumado por los intereses de demora y la vía de apremio. Membrilla presentó entonces un recurso de casación contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y depuración de Manzanares. 

El Ayuntamiento membrillato «paga por este servicio al año a Manzanares cerca de 260.000 euros». Una cantidad «injusta», reitera Navas, porque «se ha adoptado un precio que no corresponde al coste real». «El coste de extraer el agua, conducirlo y depurarlo no es el que nos han cobrado», lo que lleva «a que una vivienda de Membrilla con cuatro miembros pague a los tres meses entre 40 y 50 euros». Eso, recalca, en términos generales, globales y anuales es «el doble» de lo que paga una familia de cuatro personas en Manzanares, que abona unos once euros. «Una cantidad ridícula para un bien tan escaso y fundamental. A Manzanares le sale prácticamente gratis el agua porque Membrilla se lo está pagando», argumenta. El alcalde manzanareño lo desmiente, asegurando que «el precio que pagan los vecinos de Membrilla lo puso Membrilla en 2013, por lo que si sus dirigentes quieren, puedan bajar el precio a los vecinos», sentencia.   

Años después, la guerra continúa abierta. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Consistorio membrillato y anula la modificación de la ordenanza fiscal, por lo que «abre la puerta para que Membrilla siga reivindicando que el agua sea considerada, de acuerdo con la Ley, un bien público y un derecho que no puede estar supeditado a intereses de políticos o de mercado», reza una nota municipal. De esta manera, «al quedar anulada la ordenanza, Membrilla pedirá la devolución de todo lo cobrado desde 2021 al haberse hecho de manera indebida». «Sabemos que el agua tiene un precio y no lo queremos gratis, pero entendemos que se nos ha cobrado mal, ingresos que pueden ser catalogados como indebidos por un Tribunal si es necesario», subraya Navas. Para Nieva, «lo único que reconoce esta sentencia es que lo que la ordenanza denomina 'tasa' ahora se tiene que llamar 'tarifa'». Y una nueva ordenanza es lo que  aprobó Manzanares en Pleno el 27 de enero, en la que «se cambia el concepto por el que facturar al Ayuntamiento de Membrilla en base a una legislación, pero no las cuantías ni las cantidades», insiste. 

De momento, Manzanares sigue abasteciendo a la localidad vecina con «absoluta normalidad» a pesar de que «ninguna ley nos obliga a ello». «Lo hacemos por principio de solidaridad y por principio de buenas relaciones entre los ayuntamientos y porque respetamos a los vecinos de Membrilla, que no son responsables de las decisiones que tomen sus políticos». «Manzanares no le va a negar el agua, pero no tenemos ningún interés en perpetuar esta situación», por lo que pide a los dirigentes de Membrilla que busquen «sus propias captaciones para hacer frente a sus necesidades y no depender de Manzanares». 

«el agua es pública» Membrilla recuerda que «la ley establece que si hay varios usuarios de un mismo punto de extracción, como es el caso, se debe formar una mancomunidad». Esa es la propuesta que Membrilla propone a Manzanares, que se niega. «No podemos hacer una mancomunidad sobre algo en lo que Membrilla no tiene ningún derecho. ¿Cómo vamos a negociar lo que es de los manzanareños como si fuera de los dos pueblos? Sería absurdo que como alcalde determinase que algo que no es de ellos pase a tener algún derecho», argumenta Nieva. Pero el «agua no tiene propiedad, es un bien público», enfatiza Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), quien afirma que el pozo fue ejecutado por Manzanares, y se ubica en su término municipal. En cuanto a crear una mancomunidad asegura que «la CHG  no tiene competencias en el tema, por lo que debe ser una decisión de ambos pueblos».