La Consejería de Bienestar Social ha dibujado para los próximos cuatro años una hoja de ruta «continuista» pues, aunque queda mucho por recuperar tras «los recortes del Gobierno del Partido Popular (2011-2015)», la situación de Castilla-La Mancha, tras ocho años de gobierno socialista, dista bastante de la que dejó Cospedal. Así arrancó su intervención en las Cortes regionales la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que destacó que «seguiremos trabajando para mantener y reforzar el esfuerzo presupuestario que venimos realizando durante estos últimos años, que nos reconocen incluso a nivel nacional» con informes como el que se ha publicado el lunes y que refleja que el gasto de Castilla-La Mancha en políticas sociales creció casi un 12 por ciento desde 2009.
Durante este mandato, la Consejería prevé finalizar las adaptaciones y las obras que ya viene realizando en infraestructuras sociales que permiten atender a las personas mayores, personas con discapacidad, menores y personas dependientes, especialmente las construidas en zonas rurales, para lo que va a destinar hasta 95 millones de euros.
Además, García Torijano insistió en que seguirán apostando por la innovación y las nuevas tecnologías a lo largo de esta legislatura para que estén al servicio de los cuidados. Para ello, el Gobierno ha planteado «una teleasistencia activa y muy avanzada con la incorporación de nuevos dispositivos y detectores digitales para caídas, detectores de humos y geolocalizadores».
Nuevas leyes. En lo que concierne al marco normativo, García Torijano aseveró que en esta legislatura se iniciará el proceso de actualización de la Ley de Accesibilidad -que data de 1994- para «garantizar esa accesibilidad universal tanto física y cognitiva como sensorial». Además, también informó de que se procederá a la adaptación de la Ley de Cooperación Internacional a la normativa estatal e impulsará la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza, además de sendas estrategias centradas en las personas sin hogar y en el pueblo gitano.
Asimismo, la Consejería trabajará en la primera normativa relativa al Acogimiento Familiar. Al respecto, recordó que el 50% de los menores tutelados por el Gobierno regional viven con familias de acogida, algo que «queremos reforzar porque lo vemos de forma muy positiva».
Destacó también que se continuará implantando el plan de autonomía digital, que se ha llevado a cabo en los 200 centros públicos dependientes de la Consejería.
Atención temprana. Parte de su intervención ante los diputados de las Cortes se centró en las mejoras que ha tenido la Atención Temprana desde que Emiliano García-Page llegó a la Presidencia. Lo primero, dijo, es que en Castilla-La Mancha «no hay lista de espera» y recordó que la región es la primera en disponer de un Ley de Atención Temprana que permite que esta asistencia sea universal y gratuita hasta los seis años.
Como meta, concluyó la consejera, el Gobierno se ha marcado la instalación de centros de Atención Temprana en todos los hospitales públicos de las capitales de provincia, más Puertollano y Talavera de la Reina, para detectar y «trabajar cuanto antes con niños que nazcan con alguna discapacidad y puedan tener, cuanto antes, una vida normalizada e inclusiva».
La región prevé recibir 161 millones para la dependencia este año
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, recordó ayer en Comisión que la financiación para el sistema de la dependencia «desapareció en 2012», celebrando acto seguido que el actual Gobierno estatal, ahora en funciones, haya insuflado vida al sistema y haya recuperado buena parte de los fondos.
Añadió que la financiación que recibía Castilla-La Mancha para este fin fue de «67 millones de euros en 2012»; ahora, once años después la región prevé recibir «161 millones de euros».
«La recuperación y la consolidación del sistema de la dependencia es un empeño del presidente Page desde 2015 y lo ha demostrado con hechos», dijo la titular de Bienestar Social, que recordó que la Junta ha reclamado en todos los foros y reuniones con el Gobierno central un aumento en la financiación y «lo seguiremos haciendo, gobierne quien gobierne». «La situación no ha sido cómoda para mí, ni para el Consejo de Gobierno ni para el presidente; tener que reivindicar algo que consideramos que cuando se puso en marcha la Ley ya estaba todo acordado».
Para cerrar este tema, recordó que el Ejecutivo autonómico se ha fijado conseguir aumentar el número de prestaciones y de personas beneficiarias hasta las 100.000 y las 75.000, respectivamente.