La Audiencia Nacional ha absuelto a los dos ciudadrealeños acusados para los que se pedían doce años y dos meses de prisión por su participación en el caso del supuesto fraude masivo de IVA en el sector de los hidrocarburos, que habría ocurrido entre 2008 y 2012. El caso se centraba en la acusación de un esquema fraudulento que supuestamente habría defraudado más de 90 millones de euros a la Hacienda Pública en un período de cinco años. Se pedían penas por asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, delito continuado de falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. 

Según la acusación, el modus operandi que seguía la organización consistía en adquirir hidrocarburos sin IVA en régimen de depósito fiscal, para luego venderlos cobrando el impuesto a los clientes pero sin ingresarlo a Hacienda. Esto, supuestamente, les permitía ofertar precios artificialmente bajos, vendiendo por debajo del precio de coste y alterando la competencia en el mercado debido a la capacidad que tenían para ofrecer los productos sin competencia. La Fiscalía sostenía que se utilizaron sucesivamente varias empresas para llevar a cabo estas operaciones que fueron calificadas, hace más de una década, como el mayor fraude detectado en España. 

sociedad sobre sociedad. «Se trata de una sucesión de sociedades dirigidas a perpetuar el fraude de IVA, y así el IVA repercutido a los clientes se desvía de su destino legal, se descapitaliza la sociedad, comenzando de nuevo con una sociedad distinta, presentando además todas ellas un elemento común desde el inicio, las sociedades sólo generan pérdidas y tienen un patrimonio neto negativo que les imposibilita el ejercicio del comercio», explica la acusación.

La investigación, que duró más de siete años, recopiló indicios por parte de las unidades policiales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tras la denuncia «de gente del gremio».

Los dos ciudadrealeños estaban acusados como colaboradores en la trama. Específicamente, se les pedía penas de cárcel por su participación en los delitos contra la Hacienda Pública y por pertenecer a una organización criminal, en la que la Fiscalía situaba a dos hermanos pakistaníes al frente. Ellos sí han acabado condenados a penas de ocho años y nueve meses de cárcel por delitos agravados contra la Hacienda Pública, además de otros tres acusados más que suman entre tres años y nueve meses y un año y un mes de prisión. La Fiscalía estimaba que los dos ciudadrealeños estaban involucrados en la gestión y venta de hidrocarburos de las sociedades enjuiciadas. Uno de ellos, en concreto, apuntaba la Fiscalía, mantenía conversaciones en las que se refería a la titularidad real de las sociedades y recibía instrucciones de uno de los hermanos, «lo que denota el control que este último ejercía sobre las sociedades». La otra acusada de la provincia, afirmaba la Fiscalía, también participaba en la gestión, según se recogía en una conversación donde el otro implicado de la provincia le aconseja hablar con otros dos acusados sobre un problema con un cliente. Al final, los dos han quedado absueltos.