La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha confirmado que el Gobierno de España y los propietarios del Aeropuerto de Ciudad Real tienen "un acuerdo de confidencialidad, no firmado", pero sí de palabra para que los dueños no ofrezcan información sobre el proyecto para construir en esta infraestructura un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de inmigrantes.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a preguntas de los periodistas, ha recordado este jueves la "buenas e intensas" relaciones que ha mantenido con los propietarios de esta infraestructura para hacerlo un proyecto viable y de desarrollo para la región.
Por ello, ha lamentado la "falta de lealtad" de los propietarios del aeródromo con el Gobierno regional, que ha apoyado este proyecto que nació de un modelo de colaboración público-privada de la mano de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
Franco ha recordado que al Gobierno de Castilla-La Mancha le parece "increíble y poco razonable" que una iniciativa de estas características, que puede tener carácter de urgencia y extraordinario, "se haga de espaldas" a la administración que tiene las competencias en el ámbito del bienestar social o la salud de las personas.
"Realmente creo que nadie pone en duda ni cuestiona el carácter solidario ni de la ciudad, ni de las ciudades, ni por ende del conjunto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha", ha considerado la consejera de Empleo, que ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico, cuando el central se ha puesto en contacto para tratar temas relacionados con los migrantes, "ya sea de conflicto con la economía o de situaciones dolorosas que se viven al otro lado del Estrecho, siempre, siempre, siempre hemos estado ahí".
Por eso, ha reiterado que no entiende que el Gobierno de España tome estas decisiones "a espaldas a la comunidad autónoma" y ha opinado que "existen fórmulas" para atender las necesidades que tienen los migrantes y atenderles con carácter humanitario.
Franco también ha recordado la petición realizada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que se convoque de forma urgente la Conferencia de Presidentes para analizar el fenómeno migratorio.
Y ha pedido al Gobierno de España que reconsidere su planteamiento, que lo lleve a debate a la Conferencia de Presidentes y que escuche la voz no solo de las administraciones públicas, sino también de las organizaciones que trabajan con este colectivo.