La proposición de Ley Orgánica de delegación en Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, presentada por el PSOE y Junts para su debate en el Congreso, contada por cada una de las partes con diferentes apreciaciones respecto a sus consecuencias futuras, no ha hecho sino aumentar la confusión sobre lo que se ha acordado y se pretende aprobar. Pese a que el texto se ha negociado a lo largo de catorce meses, la mezcla de falta de pedagogía y de lectura interesada, traslada la idea de que se trata de un nuevo movimiento hacia el desmantelamiento del Estado que a su vez facilita la ensoñación independentista catalana, aunque la cesión prevista pueda ser revertida y a eso se ha comprometido Feijóo cuando gobierne.
En defensa del acuerdo se señala que se trata de una delegación de competencias, de carácter constitucional, que tendrá que ser aplicada según la normativa estatal, lo que supone que ni la Generalitat de Cataluña controlará las fronteras, ni tendrá la última palabra en la mayor parte de los trámites de expulsiones, mientras que el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros se realizará por las normas del Ministerio del Interior. Es decir, los mossos d'esquadra se sentarán en los cubículos de la frontera en puertos y aeropuertos para poner sellos o escanear los pasaportes junto a policías y guardia civiles, y podrán determinar en muy escasas ocasiones que migrantes pueden entrar o permanecer en Cataluña.
E pur si muove. La misma existencia del acuerdo tiene un carácter simbólico innegable y contribuye a fortalecer el relato de una Cataluña que obtiene prebendas que no se conceden a otras comunidades autónomas. En la exposición de motivos de la norma, bajo la capa de reforzar el respeto a los derechos humanos se esconde una concepción racista en la que el independentismo catalán ha logrado colar una serie de consideraciones de carácter étnico como cuando se habla de que la inmigración supone un desafío al cual hay que dar respuesta exigiendo a los inmigrantes "el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad", un 'contrato social' que deja en segundo término la aportación de la inmigración al progreso económico y social de Cataluña para poner el acento en su relación con la seguridad y el conocimiento del catalán.
La proposición de ley presentada por los dos grupos parlamentarios, que soslaya los informes del Consejo de Estado y del CGPJ, es la demostración de hasta qué punto el PSOE y Junts están urgidos por necesidades coyunturales, los primeros por cumplir los compromisos que contribuyen a mantenerse en La Moncloa, y los segundos porque temen que el independentismo de ultraderecha -Aliança Catalana- muerda en su electorado. Ambos, además desvinculan este acuerdo de la aprobación de los Presupuestos Generales, que será objeto de nuevos peajes impuestos por el independentismo irredento e insaciable, por lo que volverá a repetirse la misma liturgia de peticiones y cesiones.
Podemos ha afirmado que no apoyara la norma porque considera que tiene tufo a racismo y porque viene derivada de los problemas de Junts y la exacerbación del problema migratorio. No está mal que un partido de izquierdas vuelva a considerar al nacionalismo independentista como un peligro para la convivencia, en el caso de que esa decisión sea estratégica y no táctica.