La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podría recibir el palacete de la Cruz Roja, totalmente reformado, a finales de este mes y tiene la intención de abrirlo a visitas antes de que empiece a utilizarse como centro de atención a víctimas de agresión sexual. Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno regional en la provincia, Blanca Fernández, junto al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, quienes han hecho una breve historia del inmueble, hasta esta próxima inauguración, para indicar que invitaran a toda la sociedad de la capital, incluso a quienes denunciaron a los que lo compraron para salvarlo del derribo o aprobaron su demolición.
En este sentido, Fernández señaló que la última información que disponen es que "a finales de octubre" se abrirá el inmueble. La intención, principal, era fijar la cimentación y evitar que el edificio se cayera. "Sufrió ataques de las máquinas y la última planta se derrumbó, estando tapado con chapa" durante años. De este modo, indicó se ha hecho "una consolidación del edificio" y se ha restaurado de forma artesanal, para devolverlo a su "estado original". En definitiva dijo ha sido "una obra compleja" que se quiere mostrar a los ciudadanos, "en noviembre o diciembre, haciendo una inauguración, que se pueda visitar el edificio", para luego "darle contenido con servicio integral de atención a mujeres".
Por su parte, el vicepresidente de la Junta recordó que hubo "una decisión política del alcalde de Ciudad Real y concejal de Urbanismo" de entonces, que aprobaron mandar las máquinas a este inmueble. "Le invitaremos a la inauguración para que vean esa obra maravillosa", indicó Caballero, en referencia al alcalde de la capital actual, Francisco Cañizares. Igualmente, han recordado como lleva años diciendo "que era mentira" la financiación de tres millones de euros y "que esa obra no se iba a hacer en ningún caso", pero ahora "está terminada".
Además, Caballero tuvo palabras de agradecimiento a José María Barreda, y los responsables de Cultura y de Hacienda, María Luisa Araujo y Marisol Herrera, a quienes se les llegó a denunciar en los juzgados por la compra del inmueble. "Pasaron 10 años acusadas de ser delincuentes" cuando "hicieron posible la recuperación del edificio" con la compra y gracias al apoyo ciudadano que paralizó las máquinas cuando iba a derribarse.