La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes una nueva agresión en el Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Añover de Tajo (Toledo), en este caso a una enfermera y con "amenazas de muerte".
En nota de prensa, el sindicato ha informado de que una mujer había solicitado por teléfono atención domiciliaria para su madre, pero el equipo médico no podía acudir porque estaba atendiendo una crisis hipoglucémica y procedió a enviar una ambulancia.
Según CSIF, la mujer estaba "descontenta" porque no se habían podido personar en el domicilio y acudió al centro de salud e intentó "agredir físicamente a la enfermera", que sin embargo se protegió y no sufrió ninguna lesión.
No obstante, ha indicado que la mujer rompió la puerta de Urgencias y amenazó a la enfermera diciéndole "te voy a matar" y "te voy a coger del pescuezo y te lo voy a retorcer".
Un acompañante de la mujer, que había acudido al centro de salud con ella, logró sujetarla y calmarla para evitar que estas agresiones verbales y materiales cobraran una gravedad mayor, ha añadido la organización sindical.
Este lunes, a las 12:15 horas, hay convocada una concentración a las puertas del centro de salud para condenar las últimas agresiones en este centro.
Además, ha recordado que la semana pasada se produjo otra agresión en este mismo centro de salud cuando dos mujeres se "abalanzaron" sobre una facultativa, ocasionándole arañazos en el rostro y diversos hematomas.
Por ello, CSIF ha puesto el acento en el "terrible impacto negativo" que provocan estos incidentes violentos, porque no se trata solo de lesiones físicas, cuando se producen, sino que deja unas "heridas enormes" como ansiedad, estrés, depresión o síndrome de desgaste profesional; así como un "deterioro grave" del sistema sanitario y un ambiente "hostil" que afecta a la calidad de la atención y que incide en la fuga de profesionales.
De esta manera, ha insistido en la necesidad de que todos los centros de salud cuenten con personal de vigilancia para garantizar la seguridad de los profesionales y que el Gobierno reconozca a estos como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones con el objetivo de endurecer las penas por agresiones.