La Policía Nacional ha liberado a dos menores de 14 y 15 años que habían sido obligadas por sus padres a contraer matrimonio tras acordar un precio de entre 6.000 y 7.000 euros. Los padres vendedores, los compradores y el marido de una de ellas fueron detenidos en Alcázar de San Juan el pasado 7 de julio tras una compleja investigación policial. 

El comisario jefe provincial, Alberto Camacho, ha aseverado: "Vamos a ir contra ellos, contra quienes practican la esclavitud de personas, contra la trata sexual, la trata laboral, contra cualquier tipo de esclavitud", ha reiterado en su comparecencia ante los medios de comunicación acompañado de la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, para informar de las operaciones policiales bautizadas como 'Bucarest' y 'Nunta' (nombre de boda en rumano).  

También ha comparecido ante la prensa el inspector jefe Juan Manuel Collado, que está al frente de la nueva Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (UCRIF), para exponer los pormenores de las investigaciones que han permitido liberar a dos menores de un matrimonio obligado y evitar que la hermana pequeña fuera esclavizada del mismo modo tras sacarla del colegio y casarla por la fuerza a cambio de sumas de dinero.

El comisario jefe provincial, Alberto Camacho, en primer término, se ha mostrado determinante en la lucha contra la trata de seres humanosEl comisario jefe provincial ha explicado que con el fin de potenciar las investigaciones de todos los casos de trata de personas en la provincia se creó en septiembre del año pasado una unidad de investigación operativa específica bajo las siglas UCRIF, que se encuadra dentro de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Ciudad Real con competencia en toda la provincia. Cualquier delito de esta naturaleza denunciado en la Comisaría Provincial será perseguido hasta donde se encuentren los delincuentes, es decir, dentro y fuera de la provincial, traspasando las fronteras si fuera necesario. "Vamos a luchar contra estos delincuentes desde el momento de la denuncia, mañana, tarde y noche; vamos a por ellos", ha aseverado el comisario jefe Camacho. 

La liberación de las dos niñas y la detención de sus padres y quienes las compraron para un matrimonio a la fuerza es fruto del trabajo de la UCRIF, de Extranjería y de otras brigadas que han intervenido. 

Las menores que fueron vendidas y que han sido liberadas por la Policía Nacional están fuera de peligro y se recuperan en un centro específico, protegidas y cuidadas bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de Castilla-La Mancha. 

A sus padres se les ha retirado la patria potestad y están en libertad con cargos. Tanto ellos, como los otros tres detenidos se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel.

La subdelegada del Gobierno ha destacado el gran trabajo realizado por la Policía Nacional en la investigación de delitos que atentan contra la dignidad y la libertad humana. A las menores liberadas por la Policía Nacional "se les privó del acceso a la educación y de un desarrollo y crecimiento personal". Además, estas menores suelen ser víctimas de la violencia de género, violaciones y explotación laboral, ha añadido Herreros. De ahí que considere importantísima la creación de la UCRIF para combatir esta esclavitud.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de una inspectora de Educación de Badajoz debido a las numerosas faltas al colegio, al alto grado de absentismo escolar entre la población de nacionalidad rumana. Las niñas de doce años comenzaban a faltar a clase y las investigaciones permitieron conocer que dejaban de ir al colegio tras ser obligadas a contraer matrimonio. En la investigación han trabajado agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de Ciudad Real y de Badajoz, donde se destaparon los hechos por la denuncia de un centro escolar.

Ha sido una investigación ardua, compleja, porque la comunidad rumana se mantiene poco tiempo en un sitio, van de un lado a otro. "Tienen periodos de residencia estacional en distintos puntos de la geografía española, incluso en el extranjero, por lo que ha sido muy difícil su control y seguimiento, circunstancias de las que se han aprovechado los padres, dejando a sus hijas en una situación de indefensión".

El 7 de julio se les pudo detener tras ser localizados en Alcázar. Se trata de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años. Ante la gravedad de los hechos, el juez instructor procedió a la retirada de la patria potestad de las dos menores de 14 y 15 años.

De forma provisional, a los cinco detenidos se les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonios forzados y otros hechos relacionados. Las gestiones practicadas permitieron constatar que es práctica habitual en un subgrupo cultural de origen rumano el casamiento de niñas en edades tempranas, concretamente a partir de los 12 años, concertándose el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de intermediarios a cambio de una contraprestación económica de 6.000 a 7.000 euros. Una vez casadas, las menores abandonan la escuela y el entorno familiar, desplazándose a la vivienda de su nueva 'familia política', donde realizan las tareas domésticas hasta que alcanzan la edad mínima legal para poder obtener un contrato de trabajo y contribuir así a la economía familiar.

Los policías averiguaron que las dos hermanas mayores contrajeron matrimonio a los 14 años, conforme a sus ritos. La menor de las tres hermanas, de sólo doce años en el momento de inicio de la investigación, estaba siendo preparada para el casamiento.

Se llevó a cabo un operativo para la localización de las niñas y familias implicadas. Una labor compleja por la elevada movilidad, temporalidad y carácter nómada de los investigados, quienes varían su residencia continuamente como consecuencia de su actividad laboral como temporeros agrícolas. 

En octubre de 2020, en el municipio pacense de Almendralejo, fue localizada la mayor de las hermanas, que fue 'casada' con 14 años. Por estos hechos los padres del cónyuge fueron conducidos en su momento ante el juez que conocía del asunto.

Los mandos de la Policía Nacional explicaron que recientemente se tuvo información de la posible residencia de la segunda de las hermanas y de su familia política en la comarca de Alcázar de San Juan, concretamente de Herencia. En colaboración con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y agentes de la Comisaría Local de Alcázar se confirmó el hecho y se intensificaron las investigaciones, averiguándose además la residencia de la tercera de las hermanas y de sus progenitores en una localidad próxima.

Según ha recordado el inspector jefe de la UCRIF, los matrimonio forzados son catalogados por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) como casamientos en contra de la voluntad de la persona, por la fuerza. "Se vulnera el derecho a contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento. Es una grave violación de los derechos humanos y de los derechos de los niños, impidiendo su libertad física y la capacidad para poder decidir su futuro libremente". Además,  estas bodas a la fuerza "generan  desigualdad de género y falta de protección de los menores porque limitan su acceso a la educación y a futuras oportunidades de empleo", ha remarcado el comisario jefe.

La nueva unidad policial "complementa las ya existentes y se centra principalmente en la investigación, vigilancia y control del régimen de extranjería y la investigación de actividades relacionadas con la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, la explotación laboral y sexual y las falsedades documentales en dicha materia".

La Policía Nacional promueve en redes sociales la campaña “Con la trata no hay trato #denúncialo o #ayúdame a dar la cara". Han finalizado la rueda de prensa facilitando  el email trata@policia.es y el teléfono de atención anónima 900 10 50 90 que no registrará la llamada en la correspondiente factura. La Comisaría Provincial de Ciudad Real dispone de un servicio de atención directa e información al ciudadano en la UCRIF en el teléfono 926 27 79 02.