Las ocho comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) del Alto Guadiana han advertido de que los recortes en las dotaciones de agua del Alto Guadiana hacen imposible una agricultura de regadío con 1.800 metros cúbicos de agua como máximo por hectárea.

En un comunicado hecho público este lunes, las CUAS Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos y Sierra de Altomira destacan que la última decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de aplicar para las dotaciones de regadío nuevos recortes adicionales del 10 % sobre los ya arrastrados, que suman unas limitaciones de más del 60 % sobre las dotaciones de riego, hacen inviable sus cultivos.

Asimismo, lamentan que la CHG haya presentado un Esquema de Temas Importantes que, lejos de venir a poner soluciones, lo que hace es "poner la puntilla al regadío del Alto Guadiana para el periodo 2021-2027 en el nuevo Plan Hidrológico y con esto la condena a la ruina de un tercio de la región castellano-manchega".

Ante esta situación, las ocho CUAS, que representan a los más de 60.000 usuarios del agua del Alto Guadiana, han alzado su voz para decir por unanimidad "basta ya a los ataques constantes de la CHG", a la que acusan de carecer de soluciones y de actuar arbitrariamente contra los usuarios y regadíos 'legales' del Alto Guadiana, "que tienen que soportar continuamente las mermas de los derechos contemplados en sus títulos y la falta de garantías hacia ellos".

También han lamentado que el Gobierno regional esté "ausente" en la toma de decisiones para la defensa de la mayor superficie de regadío de la región, con más de 270.000 hectáreas y las miles de explotaciones ganaderas, que son el medio de vida de forma directa o indirecta de un tercio de la población de Castilla-La Mancha.

En este sentido y para demostrar con datos el "ataque" hacia los usuarios de las aguas subterráneas, las ocho CUAS del Alto Guadiana destacan los resultados del reciente Estudio de la Rentabilidad Económica y Social de las Zonas Regables del Alto Guadiana, realizado por Julio Berbel y José Antonio Gómez-Limón, catedráticos del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba por encargo de las CUAS.

El informe detalla que la agricultura de riego del Alto Guadiana "se conforma como el sostén de la renta en sus respectivos municipios, donde la mayoría del empleo directo agrario y gran parte del indirecto en zonas rurales depende de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la agricultura de riego".

En conjunto, las 222.000 hectáreas regadas han producido un valor de 865 millones de euros durante el año 2018, que se traducen en 503 millones de euros de renta disponible y 12.393 empleos en Unidades de Trabajo Autónomas.

El estudio determina asimismo que la economía agraria del Alto Guadiana depende del regadío debido a su alta productividad frente a la situación del secano, que con la excepción de la viña y en menor medida del olivar, arroja pérdidas en todos sus cultivos, incluso después de contar con las ayudas de la PAC.

Las ocho CUAS del Alto Guadiana ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas sobre los cumplimientos establecidos por ley, de gestión, gobernanza y derechos administrativos de los Usuarios, y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que cumpla con lo recién firmado en el documento del Pacto Regional del Agua y haga "una defensa clara del único medio de vida que tiene un tercio de la población de Castilla-La Mancha".

Por último, han señalado que "la solución no pasa por recortar las dotaciones de los regadíos hasta el punto de convertirlos a secano" y han avanzado su intención de emprender cuantas acciones sean necesarias, entre ellas la de interponer acciones ante la Comisión Europea.