El concurso para relevar a la empresa Ombuds, en concurso de acreedores, ha quedado desierto y no hay relevo. Ello ha provocado que quince cárceles de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura se encuentren sin vigilantes de seguridad. Ombuds se encargaba hasta ahora de la tarea de vigilancia de estas prisiones.
A la espera de que el Ministerio de Interior solvente la vacante, serán agentes de la Guardia Civil los que asuman las labores que hasta ahora desempeñaban 250 vigilantes privados. Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Juan Antonio Callejas y Rosa María romero, diputados por la provincia de Ciudad Real, explicaban en su pregunta que 250 trabajadores de los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura pueden acabar despedidos tras entrar Ombuds en concurso de acreedores.
En esas mismas líneas preguntan al Ministerio por las medidas que tiene previsto adoptar con urgencia para garantizar la seguridad en estos centros penitenciarios y cómo va a solventar la carencia de vigilancia privada en esas cárceles.
Asimismo, los dos parlamentarios preguntan sobre cuántos empleados de seguridad privada de la provincia de Ciudad Real (donde hay dos prisiones, Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan) se ven afectados por esta situación y cómo se va a garantizar la subrogación de sus contratos en la futura empresa que se haga finalmente con los servicios de vigilancia privada y en qué condiciones.
En el aire la recolocación de los trabajadores.
El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska respondió a estas cuestiones en una respuesta escrita registrada este pasado 21 de febrero.
En ella, el Gobierno explica que la Guardia Civil ha establecido un plan de contingencia con el objetivo de que la seguridad penitenciaria no resultara afectada por la falta de adjudicación del lote (número dos) de vigilancia en los centros de prisiones interesados.
Asimismo, detalla que el número de trabajadores afectados dependerá de la capacidad de la empresa de recolocar a este personal en otros puestos de trabajo. La subrogación de empleados «no se puede garantizar desde la Administración, ya que esta es una figura que se produce dentro del ámbito laboral y, por tanto, regulada por sus normas particulares», concluye la respuesta.
Por tanto, la situación de los 250 vigilantes de seguridad es incierta en este momento. Los sindicatos critican la falta de previsión del Gobierno central y se lamentan de que cientos de familias pueden quedarse en la calle por la «pésima» gestión de la empresa y del Ministerio a la hora de adjudicar el concurso.