El informe de la Fiscalía de Ciudad Real que califica como culpable el concurso de acreedores de CEOE-Cepyme y que respalda los motivos argumentados por el administrador concursal de la patronal en la pieza de calificación para esgrimir que su quiebra no fue fortuita sostiene, entre otros aspectos, que CEOE utilizó subvenciones destinadas a la formación «como si se tratara de un medio de financiación extraordinaria».
En concreto, el auto del fiscal pone de manifiesto que entre las «irregularidades contables relevantes» que acontecieron en la patronal durante la presidencia de Arturo Mesa, con Álvaro Maldonado como secretario general, se encuentran las subvenciones finalistas para impartir cursos de formación. Así, indica que estas se contabilizaban «como ingresos» se diesen o no los cursos y «lo que es más grave, al contabilizarse como ingresos y pasarlo a la caja de CEOE, procedía a hacer frente a descubiertos existentes o, por ejemplo, a la letra de la hipoteca del edificio, dejando de pagar, cuando llega el momento, a las empresas que se han contratado para impartir los cursos». De esta forma, y tras reiterar que estas subvenciones (recoge casos en 2008, 2009 y 2011) se utilizaban como medio de financiación extraordinario, el informe de la Fiscalía apunta que «esta cuestión no es baladí y, además, resultará trascendente para determinar el momento en el que se debe estimar que la CEOE habría de considerarse en estado de insolvencia generalizada». Además, concluye que el dato es «altamente relevante para la calificación del concurso».
En el auto en el que se considera el concurso como culpable y en el que se subraya el «retraso» en el deber de solicitarlo, el fiscal, tras conocer la pieza de calificación del administrador, también estima que en la patronal «se siguen computando como ingresos las (cuotas) que no se obtienen de socios que no han pagado nunca o que han dejado de pagar hace tiempo». En base a los datos aportados por el administrador, la Fiscalía también indica en su informe que estos revelan que «desde el año 2010 existen signos inequívocos de que CEOE no podía atender sus obligaciones» y que, desde entonces, «se empezó a no pagar de forma ordinaria las obligaciones corrientes». La Fiscalía, que también se apoya en una auditoría elaborada por Ficolsa, estima que en 2010 se podría haber solicitado el concurso que fue declarado en 2012.
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