Aunque de los 265 bebés, niños y adolescentes que la Junta de Comunidades tiene bajo su tutela en la provincia de Ciudad Real, el 65 por ciento -173- se encuentran en hogares, 92 aún crecen en centros de protección. Porque los que ya no son tan pequeños (83 de estos menores tienen más de diez años) o están afectados por alguna discapacidad o enfermedad crónica lo tienen más complicado. «Por este motivo o por cuestión de edad, hasta 19 se encuentran en acogimiento residencial», precisa la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, sobre unos niños con trastornos psíquicos, físicos o sensoriales con mayor necesidad de encontrar una familia y, paradójicamente, menos opciones de llegar a ella.

Muchos de ellos darán el paso a la vida adulta tras pasar una infancia sin padres e institucionalizados en distintos recursos de acogida. Entre ellos, según remarca Zúñiga, también se encuentran 23 grupos de hermanos biológicos (en el año 2014 eran 19) difíciles de ‘colocar’. Y es que si son pocas las familias que deciden dar una oportunidad a un niño con el que no tienen ninguna relación, aún son menos las dispuestas a asumir ciertas realidades.

Un total de 113 menores están en manos de parientes -en jerga administrativa: familia extensa- como tíos y abuelos. Entre ellos, ocho menores con necesidades especiales y 35 grupos de hermanos. Los demás (60) sí han sido acogidos por personas ajenas, es decir, sin vínculos de consanguinidad en el marco de una fórmula mucho más rentable que el internamiento en un centro, tanto a nivel emocional como económico. En este caso, según las estadísticas facilitadas por Bienestar Social, hay siete pequeños que, por su edad o un problema de salud, forman parte de ese núcleo de menores ‘especiales’; a los que se suman diez grupos de hermanos. Por ello, los esfuerzos del Gobierno regional se centran ahora en incrementar la bolsa de familias ajenas decididas a hacerse cargo de sus cuidados. «Tienen cabida todas las personas adultas y capaces de proporcionar estabilidad al menor ya vivan solas o en pareja, con hijos o sin ellos», asegura Zúñiga incidiendo en que «por supuesto, no entramos a valorar aspectos como sus tendencias sexuales o preferencias religiosas».

Los expertos sostienen que crecer en un hogar logra minimizar los efectos de una realidad de dificultad social (maltrato, abandono, encarcelamiento, drogadicción, fallecimiento o pobreza extrema de los progenitores) sobre el niño. Así, este recurso social tiene la finalidad de facilitar al menor un clima de estabilidad emocional, mientras se solucionan las causas que han dado lugar a la separación de sus padres.

«La  nueva ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia da prioridad al acogimiento familiar por encima del residencial y lo hace prácticamente obligatorio en el caso de los menores de seis años», explica Zúñiga incidiendo en que «en sólo hay un bebé y un niño en un centro de protección.

Casi la mitad de los tutelados por la Junta de Comunidades en la provincia -131 de 265- son adolescentes. Un porcentaje que roza el 50 por ciento del total y que en la modalidad de acogimiento residencial se eleva hasta un 73 por ciento con 67 menores de 92 (hasta 18 próximos a la mayoría de edad). Pero, además, un 36 por ciento está en el tramo que va de los siete a los doce años: 97, de los que 23 están en centros de protección. De este modo, los menores de seis, los más amparados por la ley, no llegan a un 20 por ciento.

con principio y fin. El acogimiento, que es incompatible con la adopción, tiene un principio y un fin que llega cuando los padres biológicos superan el problema que dio lugar a la situación de desamparo y, por ende, a la pérdida de la custodia. El objetivo es que nunca pierdan el contacto con su familia (con arreglo al plan de intervención establecido) y vuelvan con ella lo antes posible. A veces, lamentablemente, eso no ocurre. «Siempre se debe tener muy claro que es temporal y que el retorno del menor es un triunfo», señala Zúñiga consciente de que el temor a la despedida es lo que frena a muchos núcleos familiares a dar un paso al frente. Y es que en un país donde las adopciones están a la orden del día, la cultura del acogimiento es aún escasa. Trata en definitiva, de evitar que un trauma provoque otro, de asegurar el desarrollo del menor en el seno de una familia mientras la suya se recompone.

La normativa nacional, que entró en vigor en agosto, establece tres tipos de acogimiento familiar: de urgencia (para menores de seis años con una duración no superior al medio año), temporal (durante un máximo dos años y se resolverá si el menor vuelve con sus padres o se decide una medida más estable como la adopción) y permanente (se constituirá pasados los dos años de acogimiento temporal y tendrá lugar cuando no sea posible la reintegración familiar o en casos de menores con necesidades especiales, si las circunstancias lo aconsejan). «Cumplida la mayoría de edad, se podría formalizar la adopción si existe un acuerdo entre las partes. Antes no», aclara Zúñiga.

apoyo para no fracasar. Desde Bienestar Social se presta apoyo técnico, psicológico, educativo y económico a las familias acogedoras ajenas. Así, por un menor reciben 589 euros que ascienden a 775 en el caso de acogimientos especializados. Además, y con el fin de evitar fracasos por problemas de adaptación o conducta, el Servicio de Familia y Menores realiza un seguimiento, en un primer momento con carácter semanal, que persigue una correcta integración del menor en el hogar de acogida: un lugar para crecer.