La lucha del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contra el fraude en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) continúa dando sus frutos. El proceso de regularización catastral que el Ejecutivo central puso en marcha en 2013 ha permitido actualizar los valores de más de 11.200 edificios en un total de 29 municipios ciudadrealeños, que no serán los únicos porque el proceso seguirá activo hasta, al menos, 2017.

En concreto, el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro ha investigado más de 57.600 inmuebles en 29 municipios de la provincia de Ciudad Real y en 11.241, el 19,5%, ha detectado irregularidades que permanecían invisibles para la Administración a efectos tributarios, independientemente de que los propietarios tuvieran licencia de obras y la pertinente cédula de habitabilidad.

Las irregularidades detectadas son variadas. Las de mayor envergadura son las nuevas edificaciones sin dar de alta en el Catastro, que representan el 39% del total, seguidas de ampliaciones y rehabilitación (35%) y reformas y cambios de uso (21%). Las piscinas de obra sin declarar suponen el 6% de los casos, es decir, 675.

80 municipios. Según informaron a La Tribuna fuentes del Ministerio de Hacienda, el plan de regularización catastral, a 31 de diciembre de 2015, había concluido ya en Abenójar, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Almagro, Arenales de San Gregorio, Cabezarados, Cabezarrubias, Cañada, Chillón, Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas, Luciana, Mestanza, Navalpino, Porzuna, Puebla de Don Rodrigo, Ruidera, Saceruela, San Lorenzo, Socuéllamos, Torralba, Torre de Juan Abad, Valdemanco del Esteras, Villamayor, Villanueva de San Carlos, Villar del Pozo y Villarrubia de los Ojos.

La investigación continúa ahora en otros 51 municipios (para un total de 80), por lo que la cifra de construcciones y reformas sin declarar aumentará considerablemente en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que el fisco ha puesto sus ojos en algunas de las localidades con más habitantes de la provincia, como Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares o Daimiel.

Los propietarios afectados se van a encontrar en el próximo recibo de la contribución con una subida media de 176 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 432 en concepto de atrasos de, como máximo, los últimos cuatro años, ya que más allá de ese periodo el fraude se considera prescrito. Sólo en concepto de IBI, los ayuntamientos, que son los que solicitan a Hacienda la inspección, se van a embolsar más de 6,8 millones de euros.

 La cuantía varía en función del tipo de obra no declarada, pero lo que es fijo para todos los titulares de los inmuebles con irregularidades es una tasa de 60 euros que cobra Hacienda por su regularización, para cubrir gastos de los servicios realizados y que van desde la captura de fotos aéreas hasta las comprobaciones sobre el terreno. La cuantía total por este concepto asciende, hasta la fecha, a 674.460 euros.

Desde el Ministerio de Hacienda subrayan que este plan de regularización está ligado a la lucha contra el fraude y que su fin no es regularizar viviendas o asentamientos, cuya competencia es municipal, sino «corregir el valor de los inmuebles de aquellos propietarios que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados».