El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Badajoz dictó el pasado lunes una orden de protección contra el magistrado L.J.S.T.V. después de estimar las alegaciones presentadas por el Ministerio Fiscal contra una auto con fecha 6 de septiembre en el que se denegaban en primera instancia estas medidas cautelares. El escrito, al que ha tenido acceso La Tribuna, recoge «la prohibición al imputado de aproximarse a menos de 500 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o donde quiera que se encuentre la denunciante, así como comunicar con ella por cualquier medio». El juez es titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Puertollano.

El auto dictado por el juzgado de Badajoz incluye otras medidas cautelares de carácter penal, como «la suspensión cautelar del derecho del imputado a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente», y también establece en dicha orden de protección otras medidas de naturaleza civil, como la «atribución de la guarda y custodia de los hijos comunes», menores de edad, «a favor de la madre», aunque establece que el magistrado «podrá estar en compañía de los menores un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos, con pernocta», estableciendo la entrega a través de una tercera persona.

El texto también establece una pensión a favor de la madre de los menores que el magistrado tendrá que pagar «mensualmente», por importe de «200 euros por cada hijo, en concepto de alimentos».

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