La junta de acreedores de El Reino de Don Quijote aprobó ayer el plan de viabilidad propuesto por el consejo de accionistas y que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real con competencias en lo Mercantil. De esta forma, las distintas sociedades que conforman la infraestructura (El Reino de Don Quijote de la Mancha SA, Nueva Compañía de Gestión del Reino de Don Quijote, La Mancha Country Club SA y Nueva Compañía de Casinos de El Reino de Don Quijote SL) siguen con 'vida' evitando su liquidación y pasando ahora a la fase de convenio. En la práctica supone que el Reino sale del concurso de acreedores en el que se encontraba inmerso desde finales de 2011 y da los primeros pasos para la revitalización del proyecto, aunque con notables cambios dos décadas después de echar a andar.
El presidente del consejo de accionistas, Sergio Álvarez, aseguró ayer a este diario que los acreedores aprobaron un convenio que ahora tendrá que pasar por los trámites jurídicos contemplados y que prevé que los pagos a los acreedores se lleven a cabo por un periodo de cuatro años y con una quita de la deuda concursal del 40 por ciento. Álvarez, que mostró su satisfacción porque la sociedad haya salido del concurso, indicó que en el día de ayer se celebró, en sede judicial, una junta de acreedores en la que respaldó el citado convenio el 70 por ciento de los relativos al Reino y cerca del 80 por ciento de los del resto de sociedades.
Álvarez recordó que, aunque no afecta por igual a todos los acreedores, la deuda de la infraestructura es de unos 200 millones de euros, al tiempo que señaló que las quitas que se acordaron son «del entorno del 40 por ciento con un cumplimiento de cuatro años». A este respecto, el presidente del consejo de accionistas manifestó que no se trata de quitas «excesivas» y que «son muy similares a las que se llevan a cabo en gran parte de las sociedades concursadas, puesto que la ley permite un máximo de cinco años y unas quitas del 50 por ciento». Por este motivo, dijo que ahora se abre un periodo en el que lo más importante para El Reino de Don Quijote es «seguir trabajando en la llegada de un inversor que relance el proyecto».
Con todo, y al respecto del convenio, Álvarez afirmó que «han votado a favor todos los asistentes a excepción del Ayuntamiento de Ciudad Real, que no nos ha trasladado el motivo». Por ello, sostuvo que «aunque su voto no ha sido determinante, porque éste apenas afectaba en un 0,2 por ciento al cumplimiento del convenio, el hecho de que comparezcan y voten en contra no es muy beneficioso de cara a futuros inversores». Además, lamentó que «determinados proyectos que podrían haber sido y que pudieran ser importantes para la ciudad no tengan el apoyo del Ayuntamiento».
El presidente del consejo de accionistas subrayó que la nueva situación del Reino no cambia el trabajo que venían haciendo por sacar adelante el proyecto y que la variación en el futuro será solamente la concerniente al régimen de administración, «ya que la línea seguirá siendo la misma que se ha venido llevando a cabo durante el concurso: captación de inversores, búsqueda de financiación y sacar el proyecto adelante». También explicó que la figura de los administradores concursales desaparece y sostuvo que todos los accionistas seguirán operando del mismo modo que lo han hecho en los últimos años; en este sentido, dijo que se ha podido comprobar durante el proceso concursal que no se ha producido ninguna irregularidad en la gestión «y nosotros hemos seguido administrando la sociedad bajo la supervisión de una administración concursal que no ha hecho en ningún caso una sustitución del consejo durante un concurso que fue voluntario y que no se ha determinado como culposo».
venta de activos. El plan de viabilidad aprobado ayer por la junta de acreedores también contempla la venta de activos que no son estratégicos para el desarrollo del proyecto y que no afecten a la urbanización ni a los terrenos que eran objetos de reparcelación. De esta forma, la intención de los accionistas, en virtud del cumplimiento del convenio, es que uno de los activos más representativos saldrá a la venta: la finca de caza de la Atalaya.
Álvarez matizó que aunque la deuda sea de 200 millones de euros «no hay que olvidar que el dinero puesto por las entidades financieras es del orden de 60 millones de euros por préstamos bancarios mientras que los socios, al margen de la deuda financiera, aportaron un capital social de unos 156 millones de euros. Es decir, los accionistas hemos soportado y aportado un 75 por ciento del capital». Aun así, reconoció que se está en negociaciones con las entidades bancarias al respecto de esta deuda financiera.
Álvarez lamentó que «ésta es una circunstancia que no se sabe del Reino, que los bancos solamente han aportado el 25 por ciento» y reiteró que casi 140 de los 200 millones de la deuda corresponden a «deuda subordinada de los socios, por lo que hay que dejar muy claro que no se deben a los bancos sino a Valcansado, que fue una de las sociedades promotoras».
En base a esta circunstancia, desde el consejo de accionistas se apuntó que los propios socios son los más interesados en que el proyecto salga adelante, por lo que Álvarez dejó claro que el plan de viabilidad «no es un farol, como tampoco lo era cuando planteamos El Reino de Don Quijote», si bien echó en falta «algo de apoyo» institucional. De hecho, aseveró que «sólo hay que revisar el capital social aportado por los socios del Reino y el invertido en otros proyectos como el aeropuerto de Ciudad Real, que ya está construido. Asimismo, también habría que ver cuánto han aportado bancos y administraciones públicas, puesto que la aportación de las administraciones para el proyecto del Reino ha sido cero». Además, se felicitó porque «de los impuestos de los ciudadrealeño no ha ido ni un euro a este proyecto; al contrario, nosotros hemos pagado muchos impuestos el Ayuntamiento de Ciudad Real para sacarlo adelante».