La tormenta política ha vuelto a estallar en el Ayuntamiento de Puertollano a consecuencia de las imputaciones del secretario accidental, Juan Luis Vázquez Calvo, por el caso ‘Plaza de toros’, por el que también están imputados el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo y el aparejador municipal Eugenio Ángel Manso. Los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida, al igual que hicieron el año pasado por estas fechas, vuelve a exigir a la alcaldesa, Mayte Fernández, que cese al máximo fedatario municipal y regrese a su puesto anterior, y que este cargo esté ocupado por un habilitado nacional.

La petición de ambos grupos municipales se produce días después de conocerse el último auto del magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 por el que insta tanto a la Fiscalía como a la acusación particular (PP e IU) a solicitar la apertura de juicio oral por ese caso, mediante el cual al secretario accidental se le imputan delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público u oficial y estafa procesal en grado de tentativa, mientras que al exalcalde se le imputa prevaricación administrativa y falsedad en documento público u oficial, si bien el juez ve indicios de posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y estafa procesal.

El Grupo Municipal de IU fue el primero en demandar públicamente a la alcaldesa el cese del secretario, que lleva ocupando este puesto de manera accidental desde hace más de dos décadas. Lo hizo el viernes de la semana pasada cuando dio a conocer el auto del magistrado Luis José Saenz de Tejada, mientras que el PP, que en la tarde de ayer se reunió en su sede, se sumó a esta petición y tomó la decisión de seguir en la causa y, por tanto, solicitar la apertura de juicio, algo que también hará IU.

Ambas formaciones coinciden en la necesidad de que el Ayuntamiento cuente con un habilitado nacional para ocupar el cargo de secretario y por eso instan al equipo de Gobierno a que saque esta plaza a concurso. Por su parte, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos prefieren mantenerse al margen de este asunto habida cuenta de que cuando ocurrió no estaban en el Consistorio.

Sin embargo, la regidora municipal puso ayer de manifiesto que no tiene las competencias para cesar al secretario, siendo el órgano competente para ello la Dirección General de Función Pública de Castilla-La Mancha. «Si yo tomara una medida contra algún funcionario de carrera o habilitado nacional, estaría cometiendo un delito de prevaricación. Hay que esperar y dejar que los acontecimientos se desarrollen, y sin juzgar porque para eso está el juez», apuntó Fernández en Cadena Ser.

La alcaldesa también puso de manifiesto que «no puedo atribuirme competencias que no tengo», de ahí que pidió a quienes desean que el secretario accidental del Ayuntamiento sea cesado que remitan un escrito al órgano competente haciendo esta petición.