Los funcionarios han vuelto a salir a la calle contra «la privatización» de la Justicia y «en favor de los derechos del ciudadanos» porque «va a repercutir en sus bolsillos». Por ello, instan a toda la sociedad a apoyar las concentraciones en las puertas de los Juzgados de Ciudad Real y en los demás partidos judiciales de la provincia.

Los funcionarios vuelven a presentar batalla contra lo que consideran el «desmantelamiento» de la Justicia como servicio público o, lo que es lo mismo, contra la privatización del Registro Civil, la desaparición de los juzgados de Paz y el pago de tasas en los registros civiles por actos de comunicación y ejecución. Estas son «algunas de las consecuencias derivadas de las reformas que el Ministerio tiene encima de la mesa», aseguraron ayer en medio de una estruendosa pitada la presidenta de la Junta de Personal y responsable del STAJ, Carmen Romero;el presidente autonómico de Justicia e CSI·F, José García, y Josefa Cabello, de UGT.

Las plataformas sindicales dicen que lo más sangrante es la desaparición de los partidos judiciales por el coste que va a suponer para el ciudadano en todos los sentidos, ya que «van a tener que desplazarse y luego pagar gestiones que ahora son gratuitas», apuntó Josefa Cabello.

Están peleando para que las reformas no salgan adelante no sólo por lo que dicen que supone para el funcionario de Justicia, también «en defensa de los derechos de los ciudadanos», remarcó Romero.

Entienden que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no como se recoge en el anteproyecto, porque «es una auténtica barbaridad», remarcó la presidenta de la Junta de Personal.

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