Los padres tendrán que controlar qué hacen sus hijos en Internet. Así lo obligará la nueva Ley de Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, aunque por el momento el texto definitivo no está aprobado. Según el proyecto de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, «los padres, tutores o guardadores velarán por la adecuada utilización de las tecnologías de la información y comunicación por parte del menor y en especial en relación con la protección de su intimidad y de la de terceros».

El incumplimiento de los padres de esta obligación, o de otras que aparecen en la Ley, podrá ser considerada como una infracción leve y, por lo tanto, se podrá multar hasta 300 euros. En caso de que  produzca un daño grave por incumplir esta obligación se podría considerar infracción grave y multarse hasta los 3.000 euros. Por último, las infracciones que comporten daños o perjuicios «de difícil o imposible reparación» se podrán catalogar como muy graves y multarse hasta los 60.000 euros.

La Ley pone uno de los focos en los riesgos de los chats, blogs o redes sociales. Además de obligar a los padres a que controlen a sus hijos, también obliga a los hijos a que hagan «un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás».

Móviles prohibidos en el aula.

Una de las medidas que toma la normativa para controlar ese buen uso en un ámbito público como el de la escuela consiste en prohibir directamente el uso de dispositivos móviles en colegios e institutos. Según refleja la ley «los menores no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares». La norma no será siempre tan estricta. Los móviles sí se permitirán si así lo prevé el proyecto educativo del centro o para «situaciones excepcionales, debidamente acreditadas».

La Administración también tendrá obligaciones en este sentido. Por un lado, deberá difundir el conocimiento de los riesgos de la utilización indebida de las tecnologías de la información y la comunicación. La Junta se compromete además a desarrollar nuevos reglamentos para establecer «limitaciones» en el acceso de los menores a determinadas actividades, establecimientos o espectáculos públicos siempre que considere que debe protegerse a los niños y adolescentes en estos casos. La Ley está en estos momentos en fase de información pública.