Representantes de la empresa Termosolar Alcázar se reunieron en la noche del pasado lunes con una treintena de agricultores de la comarca para comunicarles que, al menos por el momento, renuncian a la construcción de una planta termosolar en Alcázar de San Juan, aparcando así un proyecto del que se pusieron los primeros cimientos hace más de cuatro años y que suponía una inversión de más de 500 millones de euros. La decisión de la compañía radica, tal y como comunicó a los propietarios afectados, «en los cambios legislativos que ha sufrido el sector de las renovables en los últimos años», unos cambios que hacen que en este momento «el proyecto sea materialmente imposible», según apuntan algunos de los agricultores que asistieron al encuentro.

Desde que el proyecto para la construcción de esta planta diera sus primeros pasos, la legislación en torno a las energías renovables ha sufrido sustanciales modificaciones en el país. Los propios técnicos de la compañía promotora del proyecto, participada al 50 por ciento por la española Preneal y por la norteamericana SolarReserve, expusieron a los agricultores que el «aumento de los impuestos y la eliminación de las primas» han hecho cundir «cierta desconfianza» entre las entidades encargadas de financiar el proyecto, que queda paralizado por el momento. A pesar de que la empresa subrayó que la renuncia no es definitiva, sí reconocieron que «hasta que no haya un cambio en la legislación», no seguirá adelante.

En el encuentro, al que asistieron técnicos de la española Preneal, estaban presentes alrededor de una treintena de agricultores afectados por la compra de los terrenos, unas 700 hectáreas, en los que se iba a ubicar la planta. Termosolar Alcázar firmó con estos propietarios un contrato con opción a compra en marzo de 2009 por un plazo de dos años para poder disponer de los terrenos en el momento en el que el proyecto empezara a ser una realidad. A pesar de que existían diferentes contratos (en función de las características de la finca y de sus dimensiones), en prácticamente todos se especificaba que los agricultores debían abandonar la finca en un plazo de un mes desde la comunicación de la compañía.

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