Los funcionarios de la Administración de Justicia vuelven a la carga ante los incumplimientos del gobierno anterior y actual, que pretende dar la puntilla a un colectivo saturado de trabajo y harto de tener que vencer los fallos en los sistemas informáticos y de suplir la falta de personal con voluntarismo.

Ayer casi un centenar se concentró a las puertas de los Juzgados de Ciudad Real para denunciar  «una agresión sin precedente a los derechos de los empleados públicos de la Administración de Justicia tanto para los titulares como interinos» con las miras puestas en la huelga del próximo 16. La portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha (STAJ), Carmen Romero, aseguró a este diario que van a tratar de paralizar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en el Congreso de los Diputados porque «destruye empleo, prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de medios materiales». Y por si fuera poco, «la Administración podrá determinar a su antojo el traslado del personal».

Otra de las cuestiones «punzantes» es que el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de seis meses. Para poner freno a esta «agresión sin precedente a los derechos de los trabajadores», CSIF, STAJ, CCOO y UGT han iniciado movilizaciones que desembocarán en la huelga general del próximo día 16.Para la presidenta de la Junta de Personal y portavoz del STAJ, la reforma «esconde un total control político de la Administración de Justicia, un menoscabo de la independencia judicial y también de la tutela judicial efectiva. Todo a costa del mayor ataque a los funcionarios judiciales», remarcó.

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