El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, destacó recientemente en las Cortes regionales que el principal problema medioambiental en la provincia de Ciudad Real es el de los pozos, tanto clandestinos como los que tienen autorización pero extraen más agua de la permitida. Martínez hizo esta afirmación en el transcurso de la presentación de la memoria de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio 2017.

La fiscal de Medio Ambiente, Arancha Vinuesa también recoge en su informe anual que uno de los principales problemas medioambientales que tienen incidencia en la provincia de Ciudad Real desde la perspectiva jurídico-penal está vinculado al uso racional del agua gravitando en torno a la aplicación del tipo previsto en el artículo 235 del Código Penal, ya que «las captaciones de agua pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel». Este hecho ha dado lugar a la incoación de varios procedimientos judiciales. En este sentido, cabe destacar el «resultado favorable y novedoso» para la Fiscalía de que en 2017 se dictaran dos sentencias condenatorias de conformidad con los penados en materia de extracciones ilegales de aguas aplicado el tipo previsto en el artículo 325.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real condenó al representante legal de una constructora que adquirió distintas parcelas en Criptana procediendo a eliminar y alterar los caminos públicos y a instalar una red de tuberías de material de plástico para riego agrícola con agua procedente de cinco pozos no autorizados. Los daños al dominio público hidráulico fueron cuantificados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en 11.484 y 7.644 euros en los años 2009 y 2010. La otra sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real condenó a un hombre porque al menos desde 2007 y hasta 2011 estuvo explotando como agricultor determinadas fincas en el término de Socuéllamos. A sabiendas de que no podía exceder el límite permitido, según la sentencia, el total de agua extraída en cinco años sin autorización fue de entre 570.012 y 651.153 metros cúbicos.